DOCENTES UNIVERSITARIOS REALIZARAN UN PARO NACIONAL EL DÍA 16 DE JULIO

LA REPUBLICA.- Un año después de la promulgación de la Ley Universitaria, los catedráticos y el promotor de la norma, Daniel Mora, exigen que se acelere el cumplimiento de la misma o, de lo contrario, se empiece a denunciar penalmente a las autoridades que se oponen. El 10 de julio del 2014 se aprobó la mencionada norma, la cual establece un plazo no mayor a 90 días para cambiar estatutos. 

Sin embargo, hasta la fecha, solo 6 de las 31 universidades públicas autorizadas adecuaron este documento y renovaron sus autoridades. A raíz de ello, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) estableció –hace tres semanas– un plazo para cumplir con la adecuación a la ley: antes del 31 de diciembre. De lo contrario, se aplicarán sanciones monetarias para las casas de estudio y hasta denuncias penales contra las autoridades que se nieguen a dejar sus cargos. Para la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup) –que agrupa a 22 mil maestros– y el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, esta medida ya debe ejecutarse con la intervención de oficio del Ministerio Público y de los procuradores de la Sunedu y del Ministerio de Educación. 

 El congresista, además, considera que la permanencia de los rectores en sus cargos está motivada por los ingresos del canon o de la misma institución, lo cual les permite autoasignarse bonificaciones. 

Entre los rectores que –según Mora– deberían ser castigados están los de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Federico Villarreal y Micaela Bastidas de Apurímac. Según la Sunedu, la Universidad Villarreal forma parte de las cuatro instituciones que han cumplido con la adecuación de estatutos, pero su cronograma de elección rige desde noviembre del 2015. 

San Marcos y Micaela Bastidas están incluidas en las diez con menos avance por "rebeldía a la ley" o "problemas internos".

Ahora bien, ¿qué sanciones podrían recibir los rectores? Según el abogado Luis Lamas Puccio, el Código Penal contempla el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, cuando no se acata la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones. Las penas pueden ir entre seis meses y dos años de pena privativa de la libertad. Son condicionales. "Hay un procedimiento por el cual el funcionario debe ser advertido de que debe acatar lo que dispone la Ley Universitaria. La Procuraduría de la Sunedu debería formalizar su denuncia ante el Ministerio Público. Este último también podría actuar de oficio", explica.

El presidente de la Fendup, Octavio Sifuentes, pide que se concluya con la homologación de los sueldos de los docentes universitarios en base al salario de los magistrados del Poder Judicial. Por esta razón, el jueves 16 de julio realizarán un paro y movilización nacional. El dirigente calcula que estas medidas serán acatadas por 15 mil maestros de 25 universidades públicas de todo el país.

De otro lado, Sifuentes indica que docentes y autoridades de –al menos– ocho universidades han sido víctimas de amenazas contra su vida. "En Tumbes detonaron una bomba molotov en la casa de un director de escuela que era opositor a la autoridad", detalla. A este caso se suma el de otras instituciones ubicadas en Piura, Tacna, Lambayeque, así como Lima.

También denuncia que más de 100 maestros han sido despedidos arbitrariamente por supuestos chantajes, indicios de terrorismo o límite de edad. "Se les sentenció con procesos administrativos que obedecen a la antigua Ley", concluye. El presidente del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, exhorta a las autoridades a cumplir la Ley Universitaria, la cual "ya fue sometida al debate, aprobada por el Congreso y el Ejecutivo". En su último comunicado, la Asociación de Universidades del Perú señaló que las sanciones propuestas por la Sunedu violan la Constitución. "Se trata de una persecución y un ataque contra la autonomía", afirman.